Una encuesta realizada por el Consejo General de los Gestores Administrativos cifra en más de 900.000 los trabajadores que aún no han cobrado sus prestaciones de desempleo por los ERTE provocados por las medidas tomadas para frenar la expansión del Coronavirus. Si es su caso, consulte aquí cuáles son los pasos que procede dar para la reclamación de las prestaciones no cobradas por los ERTE del Coronavirus.
A esta encuesta respondieron el 16% de los preguntados y arroja otra cifra tremenda: millón y medio de trabajadores perderán su empleo por el cierre de 240.000 PYMEs; pese a que más de la mitad de ellas (135.000) se han acogido al ERTE; lo que les supondrá el pago de la diferencia en las cotizaciones sociales y el despido improcedente de sus trabajadores.
Desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) apuntan a que las cifras en Galicia siguen una dirección similar. Durante el mes de abril, primer mes completo afectado por las restricciones llevadas a cabo para frenar el alcance de la pandemia, se dieron de baja más de 2.000 autónomos que se unen a los casi 3.300 que lo hicieron en el mes de marzo; el 80% de ellos durante la segunda quincena. Esto deja la cifra total de autónomos en Galicia, un colectivo que da empleo a más de 150.000 personas de manera directa, al borde de los 200.000 afiliados; en mínimos históricos.
El apunte de UPTA no distingue entre los profesionales que pudieron hacer un ERTE para sus trabajadores antes de verse forzados al cierre definitivo; pero sí matiza que las provincias más afectadas por los cierres son A Coruña y Pontevedra.
En cuanto a los ERTE presentados en Galicia, sobre pasan los 36.000 con casi 240.000 trabajadores afectados.
En el mes de abril, según el sindicato CSIF, mayoritario entre los trabajadores del SEPE que es el organismo estatal encargado de tramitar esos pagos, se gestionaron más de 3,3 millones de prestaciones individuales.
Las razones esgrimidas por unos y otros para justificar el colapso son la necesidad de constatación de la causa de fuerza mayor en los ERTE, que obliga al SEPE a esperar a que se produzca el silencio administrativo por parte de la inspección de trabajo, los errores en la documentación aportada por las empresas o las modificaciones en la presentada que tramitan sobre la marcha ante los continuos cambios de criterio por parte de las diferentes Administraciones.
Con el objetivo de evaluar la situación de los distintos sectores y ofrecer una salida segura y confiable a trabajadores y empresas que se verán afectados por las medidas de gestión de la pandemia más allá del 30 de junio, desde el consejo General de los Gestores Administrativos solicitan la ampliación de las medidas económicas existentes, al menos, un mes más.
